El neotiranismo: cuando el poder golpea

Un solo hombre decide, actúa, resuelve, y el país por fin avanza. Esta es la promesa que llevó a Donald Trump al poder en 2016, y es la promesa que sus herederos ideológicos continúan vendiendo hoy en día, tanto en Washington como en otras capitales occidentales. El argumento es simple, casi seductor en su brutalidad: las democracias modernas se habrían vuelto demasiado lentas, demasiado apegadas a los procedimientos, demasiado sobrecargadas de contrapesos para actuar con eficacia. Haría falta un hombre capaz de decidir, de sacudir las reglas, de decir no a los jueces, a los funcionarios, a los periodistas, a todos aquellos que frenan la voluntad del pueblo. Este capítulo ataca directamente esta idea, porque es falsa y porque tiene consecuencias concretas para cada ciudadano. La personalización del poder no hace que el Estado sea más eficiente. Lo vuelve más arbitrario, más inestable y, en última instancia, menos capaz de proteger a nadie.

El espejismo del hombre fuerte

La retórica trumpista se basa en una ecuación engañosa: menos reglas equivalen a más acción, y más acción equivale a más resultados para el pueblo. El presidente sería el único representante directo de la voluntad popular, mientras que el Congreso, los tribunales y la administración federal no serían más que obstáculos burocráticos erigidos por élites desconectadas. Esta visión presenta cada decreto presidencial como un acto de liberación, cada elusión del Congreso como una victoria contra el inmovilismo, cada destitución de un funcionario recalcitrante como un gesto de valentía política.

El problema es que esta ecuación no se sostiene en cuanto se examina con seriedad. Un gobierno que funciona sobre la base de un solo hombre no es un gobierno rápido: es un gobierno frágil. Depende enteramente del humor, de los caprichos y de los intereses de una sola persona. Carece ya de memoria institucional, de continuidad administrativa y de salvaguardas contra los errores. Lo que la propaganda presenta como rapidez es, en realidad, inestabilidad crónica. Lo que sus partidarios llaman firmeza es a menudo una improvisación peligrosa, corregida a golpe de marchas atrás y contradicciones públicas.

Conviene desmontar aquí una tesis precisa, ampliamente defendida por los círculos populistas cercanos a Trump: la del mandato presidencial directo que prevalecería sobre el control parlamentario. Según esta tesis, el presidente, elegido por sufragio universal indirecto a través del colegio electoral, encarnaría con mayor fidelidad la voluntad del pueblo que los miembros del Congreso, a menudo reelegidos en distritos diseñados a su favor. El razonamiento seduce a una parte de la opinión pública, pero se basa en una lectura errónea de la propia Constitución estadounidense. Los redactores de la Constitución de 1787, escarmentados por su propia experiencia con la monarquía británica, construyeron deliberadamente un sistema de poderes separados y controles cruzados. El presidente no gobierna solo; gobierna con el Congreso y bajo la mirada de los tribunales. Es precisamente esta arquitectura, y no su elusión, la que garantiza que el poder siga rindiendo cuentas ante el pueblo a lo largo del tiempo, y no únicamente el día de unas elecciones.

Por lo tanto, el mandato presidencial no anula el mandato de los representantes y senadores, sino que coexiste con él. Pretender lo contrario equivale a reducir la democracia a una sola votación, la de las presidenciales, borrando todas las demás. Es una manipulación del vocabulario democrático al servicio de un proyecto que, en sí mismo, no tiene nada de democrático: la concentración del poder en una sola mano.

Nacimiento de un relato: 2016 y la revuelta contra el establishment

Para comprender la fuerza de este relato, hay que remontarse a su génesis. La campaña de 2016 se construyó sobre un caldo de cultivo de frustración real. Millones de estadounidenses, en particular en las regiones industriales golpeadas por las deslocalizaciones, se sintieron abandonados por décadas de políticas bipartidistas que no habían cambiado nada en su vida cotidiana. Veían a Washington como una máquina de palabras, incapaz de producir resultados, gangrenada por los grupos de presión y bloqueada por procedimientos interminables. En este contexto, la figura del hombre de negocios llegado desde fuera del sistema político ejerció una poderosa atracción.

Donald Trump se presentó no como un político más, sino como la antítesis misma de la política tradicional. Jamás había ejercido un cargo electo. Reivindicaba su inexperiencia institucional como una ventaja. Su lema implícito era sencillo: he dirigido empresas, sé tomar decisiones, no estoy atrapado en los compromisos ni en los códigos de la cortesía de Washington. Esta postura permitió transformar cada regla eludida, cada convención rota y cada declaración provocadora en una prueba de autenticidad y no en una señal de alarma.

El genio retórico de esta campaña consistió en convertir la debilidad en fortaleza. Un candidato sin experiencia gubernamental normalmente no es un argumento de venta. Sin embargo, en un clima de rechazo masivo hacia las élites, la ausencia de experiencia institucional se convirtió en la prueba de una independencia frente al sistema. Del mismo modo, el desprecio manifiesto por las normas del cargo, la negativa a publicar sus declaraciones de impuestos y los reiterados ataques contra periodistas y jueces fueron presentados no como señales de alarma democrática, sino como pruebas de valentía frente a un establishment corrupto.

Esta dinámica no es exclusiva de Estados Unidos. Se encuentra, con variantes, en numerosas democracias occidentales confrontadas a una crisis de confianza hacia sus instituciones representativas. Pero el caso estadounidense presenta una particularidad: la fuerza del poder ejecutivo federal, combinada con la polarización extrema del sistema político, ofreció un terreno especialmente propicio para la experimentación de una gobernanza personalizada a gran escala.

Lo que dicen los hechos: el decreto frente a la ley

Aquí es donde la teoría del líder eficaz se desmorona en contacto con la realidad. Los hechos jurídicos y administrativos documentados desde 2017 cuentan una historia radicalmente distinta de la que vendió la campaña electoral. Lejos de producir un gobierno más rápido y decisivo, la personalización del poder generó un desorden institucional considerable, una parálisis recurrente de la administración federal y una corrupción sistémica que acabó saliendo a la luz en varias investigaciones del Congreso y de la prensa.

Las órdenes ejecutivas, un arma de elusión

El ejemplo más revelador de esta deriva atañe al uso de las órdenes ejecutivas, esos decretos presidenciales que permiten actuar sin pasar por el voto del Congreso. En teoría, una orden ejecutiva sirve para precisar la aplicación de una ley ya aprobada o para organizar el funcionamiento interno de la administración. Bajo la presidencia de Trump, esta herramienta se transformó sistemáticamente en un instrumento para eludir de forma pura y simple el poder legislativo.

Desde la primera semana de su mandato, la orden ejecutiva 13769, conocida como el Muslim Ban, prohibió la entrada en territorio estadounidense a los nacionales de siete países de mayoría musulmana, sin consulta previa al Congreso, sin estudio de impacto y sin coordinación con las agencias pertinentes. El caos administrativo fue inmediato: viajeros bloqueados en los aeropuertos, jueces federales suspendiendo la aplicación del decreto en los días posteriores, versiones sucesivas reescritas de urgencia para intentar sobrevivir al control judicial. Esto no es la demostración de un poder eficaz: es la demostración de un poder precipitado, mal preparado y finalmente obligado a pasar tres veces por los tribunales antes de obtener una validación parcial del Tribunal Supremo.

Dos años más tarde, en 2019, ante la negativa del Congreso a financiar la construcción del muro en la frontera mexicana, la administración declaró el estado de emergencia nacional para desviar fondos militares inicialmente aprobados para otros usos. El Congreso, en un infrecuente gesto de convergencia bipartidista, votó una resolución para bloquear esta maniobra. El presidente le interpuso su veto. El resultado no fue un muro construido más rápido, sino una batalla jurídica de varios años, fondos congelados por medidas cautelares judiciales y un peligroso precedente: el de un ejecutivo capaz de redirigir el dinero público sin el acuerdo de quienes, constitucionalmente, ostentan el poder presupuestario.

A lo largo de todo su mandato, Donald Trump firmó más de doscientas órdenes ejecutivas, un ritmo en apariencia comparable al de sus predecesores, pero con una diferencia capital: la proporción de estos decretos impugnados con éxito ante los tribunales alcanzó un nivel sin precedentes. Según los datos recopilados por varios gabinetes jurídicos universitarios, las administraciones federales perdieron la mayoría de los recursos judiciales vinculados a estos decretos, en particular sobre inmigración, medioambiente y salud pública. Un gobierno que pierde sistemáticamente ante los jueces no es un gobierno eficaz. Es un gobierno que prefiere la apariencia a la aplicación efectiva.

El Departamento de Justicia bajo control

La segunda ilustración concierne a la politización abierta del Departamento de Justicia, que se supone es la institución más independiente del poder ejecutivo en materia de aplicación del derecho. Bajo varios fiscales generales sucesivos, esta independencia fue carcomida metódicamente. El caso más documentado sigue siendo el de Michael Flynn, antiguo asesor de seguridad nacional, condenado por mentir al FBI y luego indultado por el presidente tras una intervención directa del Departamento de Justicia para que se retiraran los cargos, a pesar de la oposición del juez federal encargado del expediente. Otro ejemplo elocuente: en el proceso contra Roger Stone, amigo personal y antiguo asesor de campaña del presidente, se redujo la recomendación de pena tras una intervención del Departamento, lo que provocó la dimisión colectiva de cuatro fiscales federales en señal de protesta.

Estos episodios no son anécdotas aisladas. Dibujan un patrón coherente: la ley deja de aplicarse de manera equitativa y se convierte en un instrumento al servicio del círculo de lealtad presidencial. Aquellos que sirven al presidente son protegidos, cualquiera que sea la gravedad de sus actos. En cambio, quienes lo han contrariado siguen expuestos a toda la fuerza del sistema judicial. Es exactamente lo contrario de lo que prometía la propaganda. Nos vendían a un líder capaz de hacer respetar la ley con firmeza. Obtuvimos a un líder capaz de suspenderla para sus allegados.

Lo que demuestran los trabajos académicos

Este viraje no es un accidente de recorrido propio de un hombre o de un mandato. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, profesores de Harvard, lo documentaron con notable precisión en su obra How Democracies Die. Su tesis central es simple e inquietante: las democracias modernas casi nunca se derrumban por un golpe de Estado militar o por una toma violenta del poder. Se erosionan desde dentro, poco a poco, mediante la acumulación de vulneraciones menores de las normas no escritas que hacen funcionar el sistema. Dos normas en particular vertebran su análisis: la tolerancia mutua entre adversarios políticos y la contención institucional, es decir, la capacidad de un gobernante de no explotar hasta el límite todas las facultades legales de las que dispone.

Levitsky y Ziblatt muestran que la Constitución estadounidense, al igual que la de la mayoría de las democracias, deja un margen de interpretación considerable al poder ejecutivo. Este margen funciona siempre que los gobernantes acepten voluntariamente no llevarlo hasta el extremo. Un presidente puede, en teoría, indultar a cualquiera por cualquier motivo. Puede, en teoría, declarar el estado de emergencia por razones discutibles. Puede, en teoría, destituir a inspectores generales encargados de vigilar su administración. Lo que ambos investigadores denominan contención es, precisamente, el hecho de no hacer uso de estos poderes hasta el límite, por respeto al espíritu del sistema más que a su sola letra.

Su constatación, aplicada al caso estadounidense desde 2017, resulta escalofriante: esta contención ha desaparecido de manera sistemática. Cada límite legal ha sido probado, forzado y a menudo rebasado, con el único dique de los tribunales federales, sometidos ellos mismos a una creciente presión por nombramientos partidistas. No es una ruptura abrupta con la democracia estadounidense; es una erosión progresiva, casi invisible para muchos ciudadanos, pero perfectamente cuantificable para quien observe el número de contrapesos institucionales eludidos año tras año.

Lealtad antes que competencia: el Estado transformado en feudo

Una vez establecido este marco, la verdadera naturaleza del poder neotiránico se manifiesta con claridad. No se trata de un gobierno más eficaz por estar más centralizado. Se trata de un gobierno cuyo criterio de funcionamiento ha cambiado de naturaleza. La pregunta ya no es: ¿sirve esta decisión al interés general? La pregunta pasa a ser: ¿sirve esta decisión a la lealtad hacia el líder?

Este viraje transforma profundamente el funcionamiento cotidiano de la administración federal. Los nombramientos para puestos clave ya no premian la experiencia ni la antigüedad, sino la fidelidad personal. Los funcionarios considerados insuficientemente devotos son apartados, degradados o humillados públicamente en las redes sociales del presidente. Varios inspectores generales, cuya función es precisamente vigilar los abusos internos en la administración, fueron destituidos a lo largo del mandato, a menudo tras haber presentado informes críticos con el ejecutivo. El inspector general del Departamento de Estado, el del Departamento de Defensa, el de la comunidad de inteligencia: todos fueron cesados en circunstancias similares, en el espacio de unas pocas semanas en la primavera de 2020.

Esta gestión patrimonial del Estado se basa en una confusión deliberada entre los intereses personales del líder y los intereses del cargo. Los hoteles y propiedades del presidente acogieron a delegaciones oficiales extranjeras, generando ingresos vinculados directamente al ejercicio de la función presidencial. Miembros de la familia presidencial ocuparon puestos de asesores oficiales sin la confirmación del Senado, desdibujando la frontera entre la empresa familiar y el aparato estatal. No es un exceso aislado; es la lógica misma del sistema: el Estado se convierte en una prolongación del clan, sus recursos pasan a ser recursos familiares, sus nombramientos se convierten en recompensas a la fidelidad.

Esta lógica de clan, que el próximo capítulo analizará con más detalle, produce un efecto paradójico pero perfectamente coherente con la tesis de este libro: cuanto más se personaliza el poder, menos funciona el Estado según criterios objetivos y más vulnerable se vuelve a la arbitrariedad, a la incompetencia y a la captura por parte de intereses privados disfrazados de interés nacional.

Lo que el ciudadano pierde en la operación

Resultaría tentador considerar estas derivas como asuntos estrictamente políticos, reservados a los debates entre especialistas en derecho constitucional. Es un error. Cada elusión de las normas institucionales tiene un coste directo para el ciudadano común, y ese coste a menudo se paga incluso antes de que los tribunales se hayan pronunciado.

Cuando una orden ejecutiva suspende brutalmente una categoría de visados, se trata de familias reales, separadas de la noche a la mañana, sin previo aviso, sin recurso inmediato. Cuando el Departamento de Justicia interviene para proteger a un allegado del presidente, el principio de igualdad ante la ley, inscrito sin embargo en los fundamentos mismos de la idea republicana, se convierte en un eslogan vacío. Cuando un inspector general es destituido por haber hecho su trabajo, desaparece un mecanismo de protección contra el fraude y el abuso de poder sin que el ciudadano sea informado directamente de ello, hasta el día en que estalla un escándalo por falta de control previo.

La inestabilidad jurídica resultante de esta gobernanza personalizada afecta también a la economía real y a la vida cotidiana. Empresas que invierten sobre la base de una regulación medioambiental se encuentran de pronto ante giros bruscos, impuestos por decreto y luego suspendidos por los tribunales, para después ser restablecidos, en un ciclo de incertidumbre que desincentiva cualquier inversión a largo plazo. Trabajadores inmigrantes, llegados legalmente en el marco de programas establecidos desde hace décadas, se ven de la noche a la mañana en una situación de estatus jurídico difuso, a merced de una decisión presidencial unilateral.

Es ahí donde el mito del líder eficaz revela su verdadero rostro. Un poder que pretende liberar al pueblo de las trabas burocráticas termina en realidad privando a ese mismo pueblo de las garantías más elementares: la previsibilidad de la ley, la igualdad de trato, la protección contra la arbitrariedad del poder. Estas garantías no son trabas administrativas accesorias. Constituyen la base misma de lo que llamamos Estado de derecho, y su erosión progresiva no se traduce en una mayor eficacia gubernamental, sino en una mayor precariedad para cada ciudadano, especialmente para los más vulnerables.

El relato del hombre fuerte que libera al pueblo de las ataduras institucionales constituye, por tanto, una inversión completa de la realidad. No es el pueblo quien resulta liberado por la personalización del poder. Es el poder mismo el que se libera del pueblo, de sus representantes electos y de los controles que garantizaban hasta entonces que el ejercicio de la autoridad permaneciera al servicio del bien común. El siguiente capítulo mostrará cómo esta lógica personal se prolonga de manera natural en una lógica de clan, transformando progresivamente la República en un patrimonio familiar y partidista, gobernado ya no según normas comunes, sino según los lazos de lealtad que unen al líder con su entorno más cercano.